Mario Maldonado/El Universal
En muchas ocasiones se especuló que sería el PRI, de Alejandro Moreno, el que le daría los votos a Morena para lograr la mayoría en el Senado y aprobar la Reforma Judicial, debido a los múltiples expedientes abiertos que tiene el senador por Campeche y muchos otros de su bancada. Sin embargo, terminaron siendo los dos perredistas que alcanzaron a colarse a la Cámara Alta y el PAN los que se doblaron a punta de cañonazos de dinero y cargos políticos, además de acuerdos de impunidad.
Fueron los Yunes quienes, a punta de órdenes de aprehensión y carpetas de investigación que documentan su historial negro, tuvieron que ceder ante el oficialismo. El senador Miguel Ángel Yunes Márquez –que pidió licencia horas para ser relevado por su padre– cuenta con una orden de aprehensión vigente, mientras que su hermano Fernando es considerado prófugo de la justicia.
Yunes Márquez, propuesto como senador por el PAN, había resistido las presiones derivadas de presuntos delitos como falsedad de documentos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. A Yunes padre se le investiga desde 2016 por irregularidades por el orden de los 3 mil millones de pesos durante su gestión al frente del ISSSTE, de 2006 al 2010.
Al exgobernador Yunes Linares se le integró en la actual administración una carpeta en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sobre Yunes padre también permanecen las acusaciones de la periodista Lydia Cacho por su presunta participación en una red de pedofilia junto a personajes como el empresario libanés Jean Succar Kuri y el exgobernador poblano Mario Marín.
Antes de acercarse a Morena, Yunes Linares era uno de los panistas más enemistados con la administración lopezobradorista. Antes de eso, fue diputado por el PRI y uno de los más cercanos a la maestra Elba Esther Gordillo, con quien luego rompió relaciones y se enfrascó en acusaciones de corrupción.
Las acusaciones más graves pesan sobre Fernando Yunes, exalcalde de Veracruz, a quien además de fincarle acusaciones por delito electoral asentadas en la carpeta 638/2024, también se le acusa por presunto daño patrimonial de las cuentas públicas del 2017 al 2022.
Además, se tiene conocimiento que más integrantes del “Clan Yunes” tendrían carpetas de investigación abiertas, por lo que tras una conversación familiar, el patriarca, Miguel Ángel Yunes Linares, tomó la decisión de aprovechar las ofertas derivadas de la negociación encabezada por Adán Augusto López, líder de los senadores morenistas, para cesar la persecución judicial a cambio de su voto para aprobar la reforma.
De ahí que el pasado domingo el senador Yunes Márquez perdió contacto con su grupo parlamentario. Los panistas dejaron de tener comunicación telefónica con él y con su equipo; la última en entablar una conversación con él fue la queretana Guadalupe Murguía, coordinadora de la bancada blanquiazul, y luego evitó presentarse en la reunión de los panistas en la Torre Azul, previa al inicio de la discusión de la reforma.
Fuentes cercanas a la 4T, enteradas de las negociaciones con los Yunes, aseguran que la oferta no sólo incluye los temas judiciales, sino que “hay quienes ven una oportunidad política y la toman, y ésta fue de grandes magnitudes. Los Yunes han sido sobrevivientes y no dejaron ir la oportunidad de trazar una ruta en nuestro movimiento”, dijo para este espacio uno de los líderes de Morena en el Senado.
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¿Y Rocío Nahle? ¿Ni una palabra?
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Mientras tanto, la presión judicial contra el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, se confirmó con la detención de su padre, lo cual fue denunciado primero por el excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y confirmado desde Campeche por el secretario general del partido, Juan Zavala, quien además anunció que el legislador se encontraba junto a su padre en la Sala de Juicios Orales del estado. “Ambos están en su calidad de detenidos, como presos políticos, porque no quieren que se vote contra la Reforma Judicial”, denunció Zavala.
Resulta entonces que tanto el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, como el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, mintieron descaradamente al asegurar que Barreda se encontraba en la Ciudad de México y que su padre no estaba detenido. Ni qué decir que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien igualmente declaró que «no hay ninguna investigación en curso en contra de ellos y que ninguno está detenido”. Muy grave que dos de los principales liderazgos legislativos y una gobernadora mientan de forma flagrante y sin consecuencias.
Los integrantes de Movimiento Ciudadano están viviendo en carne propia el autoritarismo y la violencia de la que pensaron podrían librarse al no integrarse a la coalición opositora del PAN, PRI y PRD. Luis Donaldo Colosio, por ejemplo, denunció agresiones contra su persona por parte de manifestantes afuera del Senado. “Me rociaron gasolina”, acusó.
A ver si los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, siguen tan condescendientes con el presidente López Obrador y en general con la 4T. Y si el líder del movimiento, Dante Delgado, sale de su escondite a alzar la voz y a poner la cara por su partido y por los seis millones de mexicanos que votaron por su candidato presidencial el 2 de junio.
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Al que también se le está complicando el panorama es al líder del PRI, Alejandro Moreno. Este martes, en medio de la crisis legislativa por la votación de la Reforma Judicial y las “traiciones” de los opositores, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las reformas a los estatutos que permitirían la reelección del priista en su cargo hasta por un par de periodos más, es decir, por 8 años.
Con tres votos en contra del proyecto y dos a favor de ampliar su mandato, el INE inició lo que se anticipa como la cancelación de las aspiraciones de Alito de mantenerse en la dirigencia nacional del partido por lo menos durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, en el que también permanecerá como senador de la República, si es que se reabren las múltiples carpetas de investigación en su contra y lo intentar desaforar nuevamente.
El consejero Arturo Castillo argumentó que hay dos precedentes que son posteriores a los que se citan en el proyecto, los cuales establecen que las modificaciones a los documentos básicos no deben concluir dentro del proceso electoral.
El consejero Uuc-kib Espadas consideró que el hecho que se hagan reformas a los documentos básicos dentro del periodo electoral afecta la capacidad de deliberación de la militancia.
Y la consejera Dania Ravel lo rechazó porque los precedentes del Tribunal establecen que se pueden hacer reformas dentro de los periodos electorales, pero siempre y cuando no se materialicen dentro de los mismos.
El Consejo General del INE definirá este jueves, por mayoría de los consejeros y consejeras, la validez de la reelección de Alito, quien por supuesto acusó una nueva persecución política.
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Los inversionistas están a la expectativa de la aprobación de la Reforma Judicial, aunque el peso ya ha perdido más de 17% de su valor desde la elección del 2 de junio, y este martes, en medio de la crisis legislativa que ha escalado a un tema social, se fue arriba de las 20 unidades por dólar.
Si bien los mercados han ido descontando la aprobación de la reforma, lo cierto es que de aprobarse tal y como se mandó de la Cámara de Diputados, y si se mantienen las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, así como el paro de labores, lo que se podría configurar, además de una crisis financiera y económica, sería una política y social que ahuyentaría a muchos más inversionistas y frenaría de tajo la inversión privada en México.
El talante autoritario que ha mostrado la nueva Legislatura, con la mayoría abrumadora de Morena, es una pésima señal para los inversionistas y los empresarios. Si nada cambia en los próximos días, la presidente electa, Claudia Sheinbaum, arrancará su gobierno con una crisis.
@MarioMal
