Héctor De Mauleón/El Universal
Figuras y funcionarios de alto nivel de por lo menos tres gobiernos comenzarán a escuchar sus nombres.
El jefe de seguridad de los Chapitos, Néstor Isidro Pérez Salas, apodado El Nini, fue aprehendido en un operativo llevado a cabo en Culiacán el 22 de noviembre de 2023. Pérez Salas era un operador de alto nivel de esa organización. Estaba encargado de operar redes de tráfico de fentanilo y, al frente de un ejército formado por un centenar de asesinos, era el responsable de la guerra de Los Chapitos contra las fuerzas de su padrino, Ismael El Mayo Zambada.
El gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que llevara a la captura del Nini. Lo acusó de secuestrar, torturar y asesinar con saña inaudita a sus rivales.
El día del aparatoso operativo en Culiacán, corrió la versión de que sus jefes habían dejado solo a Pérez Salas. No hubo ningún tipo de reacción para impedir su captura. En contraste con lo ocurrido en el Culiacanazo de 2019, parecía evidente que Los Chapitos lo habían sacrificado a consecuencia de la visibilidad que había cobrado, y a fin de apaciguar de algún modo al gobierno de Joe Biden, que había subido el volumen a todo lo relacionado con las muertes causadas por la epidemia de fentanilo.
Hoy se sabe que uno de los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López, a quien autoridades estadounidenses acusan de nueve cargos relacionados con el tráfico de drogas, llevaba meses en negociaciones con el FBI. La entrega del Nini formaba parte de ese arreglo, y por eso sorprendió la pasividad del Cártel de Sinaloa aquel 22 de noviembre. Otro de los operadores de alto nivel, Óscar Noé Medina González, El Panu, había transmitido la orden para que los integrantes del cártel se guardaran. Los militares hallaron al Nini escondido en una azotea.
El pasado 25 de julio, la otra parte del acuerdo, la más importante, se llevó a cabo. Ese día, Joaquín Guzmán López le tendió una emboscada a su padrino y con lujo de violencia puso al Mayo a bordo del avión que los trasladó a ambos a Estados Unidos, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades. La poca información disponible indica que en esta operación participaron el FBI y la DEA, así como investigadores de Seguridad Nacional.
Estas agencias logaron llegar al corazón mismo del Cártel de Sinaloa. Estados Unidos tiene hoy en las manos a cuatro integrantes del más alto perfil: Ovidio Guzmán, otro de los hijos del Chapo, fue extraditado desde 2023 y hoy se halla en un centro de detención, bajo custodia de investigadores de Seguridad Nacional.
Ayer se reveló que Joaquín y Ovidio Guzmán están en negociaciones con el gobierno estadounidense para alcanzar un acuerdo de culpabilidad a cambio de una pena reducida. Ambos comparecerán en enero en una corte federal de Chicago. Intentan evitar un juicio por los nueve cargos que pesan sobre ellos, y anular la posibilidad de que se les dicte una sentencia a cadena perpetua.
Como parte de esas negociaciones Ovidio Guzmán fue liberado de la prisión metropolitana de Chicago, y se halla bajo custodia de investigadores del sistema de testigos protegidos.
Su hermano Joaquín también fue liberado el 16 de octubre y se encuentra bajo el resguardo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.
Todo indica que la entrega del Mayo incluía un acuerdo para que Ovidio obtuviera beneficios. No sería extraño que las negociaciones incluyeran al Chapo Guzmán, quien purga una sentencia a cadena perpetua y ha pedido en una carta firmada a finales de septiembre que se le someta a un nuevo juicio.
El Chapo está recluido en una de las prisiones más seguras del mundo, la ADX de Colorado, donde se le han negado solicitudes para recibir dos llamadas de 15 minutos al mes, y se le han cancelado visitas. Ahora reaparece alegando que su extradición fue ilegal.
Dentro de un contexto de negociaciones semejantes se encuentra El Nini: de acuerdo con reportes periodísticos, el jefe de seguridad de Los Chapitos logró que su esposa “fuera reubicada en Estados Unidos”.
Todo esto coincide con el anuncio, como medida de presión, de que la fiscalía estadounidense analiza solicitar la pena de muerte para El Mayo Zambada, de que las autoridades de aquel país cuentan con grabaciones, registros e intercepciones telefónicas, y con el aviso de que, por la relevancia del caso ꟷ“será definitivamente un proceso largo”, dijo el juez Brian Coganꟷ se prevé incluso llevar a cabo audiencias secretas.
Queda claro que el pacto de silencio entre narcotraficantes y el gobierno mexicano se ha roto, y que, tan cerca como en el mes de enero, figuras y funcionarios de alto nivel de por lo menos los últimos tres gobiernos, comenzarán a escuchar sus nombres.
