Mario Maldonado/El Universal
Hay temor entre sindicatos y organismos patronales de que el gobierno eche mano de los 2.4 billones de pesos de los fondos de vivienda para destinarlos a otras tareas.
El último round que la 4T tendrá con la oposición en este 2024 es la discusión sobre la reforma a la Ley del Infonavit. La discusión para modificar el marco jurídico a su antojo se extenderá hasta las primeras semanas del siguiente año, por decisión del coordinador morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien reconoce que la minuta requiere de un mayor análisis. El problema de fondo es que hay un temor entre sindicatos y organismos patronales de que el gobierno eche mano de los 2.4 billones de pesos de los fondos de vivienda para destinarlos a otras tareas, como la construcción de vivienda.
En la discusión sobre el tema se han escuchado muchas falsedades, verdades a medias y uno que otro argumento real, pero los hechos apuntan a que la intención original de los morenistas, sobre todo del actual director del Infonavit, Octavio Romero, y del coordinador de los senadores, Adán Augusto López, era efectivamente apoderarse de ese dinero. De hecho, muchos recuerdan el diagnóstico que Romero solía dar sobre el fondo de vivienda al inicio de esta administración: decía que sus recursos están “mal utilizados” e invertidos en bonos que financian proyectos de infraestructura concesionados a empresas privadas.
El mayor problema es que, más allá de las intenciones abusivas, esta onerosa bolsa de recursos no es de utilidad para ganar liquidez presupuestal. De entrada, éstos son generados por las aportaciones de los trabajadores y los patrones, y al igual que en el caso de las Afores, un importante porcentaje del capital está colocado por fondos de inversión en bonos a mediano y largo plazo. Del patrimonio total del Instituto, alrededor de 900 mil millones se encuentran en ese esquema, y los otros 1.5 billones corresponden a la cartera de crédito. Es una estructura financiera que, en el mismo gobierno, dicen que el ingeniero agrónomo que llevó durante seis años las riendas de Pemex no alcanza a entender.
Las únicas formas en las que el gobierno o sus funcionarios podrían sacar provecho financiero de las reformas al Infonavit son dos: mediante los gastos de administración o a través de inversiones en bonos que favorecen los proyectos de la 4T. En el primer caso se habla de que la nueva legislación brinda la oportunidad a la dirección general del Instituto de utilizar el 0.55% de la bolsa total de recursos para gastos de administración, un atractivo y manejable presupuesto de 13 mil 750 millones de pesos, casi tres veces el monto que pelea Adán Augusto para su Cámara de Senadores.
Con respecto a la inversión en proyectos de interés para la 4T, o para sus funcionarios, un ejemplo podría ser dirigir los recursos a bonos como el esquema del fideicomiso que tienen las plantas que se compraron a Iberdrola, y que se presentaron como objeto de un proceso de “expropiación”. La clave de la reforma está justo en el poder de decisión que podría ganar el gobierno en los órganos de control tripartitas del Infonavit, lo que permitiría dirigir estratégica, política y sospechosamente los recursos de administración y hasta las grandes inversiones en el mercado financiero.
Los morenistas indican que la Asamblea Nacional del Infonavit, el máximo órgano en jerarquía, queda con una representación igualitaria de patrones, trabajadores y gobierno: 10 representantes por sector, pero evitan mencionar que éste ya no tendrá participación en la designación del director general, que será definido únicamente por la presidencia de la República. Tampoco mencionan que el director podrá votar y hasta tener poder de veto en la Asamblea, ni que otros órganos como la Comisión de Vigilancia, el Comité de Auditoría o el Comité de Transparencia sí perderán el equilibrio tripartita. La minuta que Adán Augusto López lideró en el Senado se discutirá en Cámara de Diputados a principios del 2025, pero ahora bajo el liderazgo de su nuevo enemigo, Ricardo Monreal.
Posdata 1
Antes los rumores de que Moisés García Ochoa se convertirá en el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas México, las fuentes de la Presidencia reconfirman que así será.
Sin embargo, en la Secretaría de la Defensa, a cargo del general Ricardo Trevilla, aseguran que este nombramiento no está confirmado. Dicen que Trevilla y García Ochoa en realidad cargan con una animadversión de hace tiempo.
Sea como sea, este personaje que fue en su momento cuestionado y ha sido objeto de investigaciones de Estados Unidos, sí fue presentado como un candidato a ocupar la dirección de la agencia con la cual la presidenta Claudia Sheinbaum quiere combatir el contrabando, la piratería china y, a su vez, incrementar la recaudación fiscal.
Posdata 2
En el Poder Judicial de la Federación hay una lluvia de amparos de los llamados “anfitriones” que decidieron protegerse ante la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Turismo en la Ciudad de México, la cual fue propuesta por el exjefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, y pretende regular los espacios de alojamiento temporal y limitar las noches que los inmuebles inscritos en aplicaciones pueden estar en renta.
A los recursos ya admitidos se les sumarán un centenar más en los siguientes días, pues hay una lista amplia de personas que esperan la publicación de las reglas secundarias para conocer el funcionamiento del que será el llamado Padrón de Anfitriones; esto para conseguir una suspensión definitiva a las disposiciones del nuevo marco legal.
Según los jueces que han otorgado las suspensiones, la reforma resulta discriminatoria y afecta directamente a la actividad turística de la capital, “que es el resultado de la atracción que posee la Ciudad de México sobre millones de turistas, como uno de los centros económicos, culturales, sociales y políticos del país, debido a la oferta que posee en infinidad de segmentos”.
Posdata 3
En el caso de Grupo GICSA, al que se le acusa una presunta falsificación de documentos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, la novedad es que hay una denuncia por corrupción contra los magistrados del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Los juzgadores Gabriela Eleonora Cortés Araujo, Carlos Arellano Hobelsberger y Alejandro Sánchez López están acusados de hacer resoluciones sospechosas en favor de los accionistas mayoritarios de la empresa, Elías Cababie Daniel y Jaime Dayán Tawil, pues a pesar de que los empresarios confesaron el delito, hasta el momento no han determinado las sanciones correspondientes.
@MarioMal
