Tras el desmantelamiento del sistema de compras de fármacos durante el gobierno de AMLO, la actual administración llegó a un acuerdo en principio con la industria para evitar intermediarios abusivos, competencia desleal u obstáculos a la entrega de medicinas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal y el sector farmacéutico acordaron evitar las prácticas indebidas, “tales como intermediarios abusivos, competidores desleales o funcionarios que obstaculicen indebidamente la entrega de medicamentos”, en la adquisición de medicamentos para el próximo año fiscal.
Tras señalar que de acuerdo al presupuesto de 2025—2026 se realizará la compra consolidada de medicamentos “más grande en la historia”, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó en un comunicado de la realización de dos reuniones con funcionarios del sector salud y de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canafirma) y de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), para explicar el “Nuevo Modelo de Contratación Consolidada de Medicamentos e Insumos Médicos”, que fue anunciado el jueves durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante dicha conferencia del jueves 31, la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que el presupuesto 2025-2026 para la adquisición de medicamentos será de 130 mil millones de pesos, monto con el que se pretende adquirir 4.9 mil millones de unidades correspondientes a 4 mil 456 claves de medicamentos.
En el arranque de su sexenio, el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador desmanteló el sistema de compras de medicamentos con el argumento de acabar con la corrupción, sin que fuera sustituido por algún mecanismo que resolviera el problema del desabasto, y dando lugar a propuestas polémicas como la creación de una “Megafarmacia” para distribuir los fármacos con apoyo del Ejército.
Compra consolidada
Luego del anuncio del jueves, la titular de la Función Pública, Raquel Buenrostro convocó a dos reuniones en las que estuvieron por parte del gobierno federal, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark; el subdirector de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.SA de CV, Iván Olmos, y el subsecretario de la Función Pública Alejandro Encinas Nájera, mientras que por el sector privado participaron representantes de Canafirma y de AMIIF.
“El propósito de estas reuniones fue informar a las principales agrupaciones del sector farmacéutico sobre las prioridades y lineamientos de la compra consolidada, la cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos”, destacó la SFP.
La dependencia reconoció que siendo el gobierno federal el “principal comprador de medicamentos en el país”, no dudará en aprovechar su posición “para negociar las mejores condiciones posibles en cuanto a precio y calidad, asegurando así un abasto oportuno en beneficio de toda la población, en especial de quienes más lo necesitan”.
De acuerdo a la secretaría, tanto el sector público como el privado reconocieron que en las compras consolidadas hay una “responsabilidad compartida” entre ambos sectores.
El sector público y el privado coincidieron en “erradicar conductas que afecten la eficiencia y el acceso equitativo de los medicamentos y tratamientos para toda la población, especialmente para quienes más lo necesitan en el país”.
Bajo ese entendimiento, los representantes el sector público se comprometió a “llevar a cabo un proceso de compra apegado a la legalidad y libre de influyentismos, ofreciendo un esquema de planificación anticipada, espacios de diálogo y mecanismos e solución de problemas concretos para garantizar certidumbre y transparencia en el proceso”.
Por su parte el sector público, se comprometió a “ofrecer precios competitivos e intercambiar datos y estadísticas para identificar y resolver posibles cuellos de botella en la cadena logística de medicamentos”.
Los representantes de Canafirma y AMIIF y las autoridades federales acordaron “implementar mecanismos para compartir información que faciliten la detección de prácticas indebidas, tales como intermediarios abusivos, competidores desleales o funcionarios que obstaculicen indebidamente la entrega de medicamentos”.
En las reuniones se coincidió en que siendo la compra de medicamentos más grande de la historia, de ahí que “representa una oportunidad para optimizar el acceso a la salud en México, maximizando la capacidad de compra del Estado para asegurar un suministro con condiciones inigualables de calidad, precio y abasto oportuno “.
En el comunicado la SFP –que se convertirá en Secretaría Anticorrupción– se comprometió “con la transparencia y un proceso de compra que cumpla los más altos estándares de integridad y eficiencia”.
