Un experto en políticas anticorrupción ve que hay elementos para abrir investigaciones administrativas y penales por enriquecimiento ilícito.
Enrique Gómez/El Universal
Xalapa.— Rocío Nahle García, candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz, está en el ojo del huracán ante una serie de señalamientos por la adquisición de terrenos y propiedades de alto valor comercial en Veracruz, Nuevo León, Tabasco y Estados Unidos.
La también exsecretaria de Energía del gobierno federal, quien tuvo a su cargo la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, que ha costado 17 mil millones de dólares, es exhibida por vivir en el fraccionamiento El Dorado, del municipio de Boca del Río, Veracruz, que se considera una de las zonas residenciales más exclusivas, y al cual se puede acceder en yate. Ella ha insistido en que esta propiedad no es suya y que la renta, por un monto que no ha especificado. La casa está a nombre de Maribel Hoyos, su sobrina, de 35 años de edad.
El uso de camionetas de lujo para su campaña se sumó a las críticas de la oposición y liderazgos sociales en su contra, que van desde un posible enriquecimiento inexplicable, cometido junto a su esposo José Luis Peña Peña, hasta la violación de unos de los principales postulados de la llamada “cuarta transformación”: la austeridad.
Al respecto, Miguel Manrique, maestro en Políticas Anticorrupción por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló a EL UNIVERSAL que en este caso hay elementos claros, desde la perspectiva de la evolución patrimonial, de un posible enriquecimiento ilícito para que se abran investigaciones administrativas y penales.
Las propiedades de la candidata de la coalición Morena, PT, PVEM, FxM fueron dadas a conocer por el empresario veracruzano Arturo Castagné, quien ha cuestionado el valor real de las mismas y la forma en las que fueron adquiridas.
La candidata morenista ha negado irregularidades en sus propiedades y se ha limitado a decir que su declaración patrimonial es pública; sin embargo sigue sin esclarecer adquisiciones que no aparecen en su declaración o las compras de su esposo y de su sobrina.
En este contexto, también han surgido señalamientos contra sus principales operadores electorales, entre ellos al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, a quien le atribuyen —con la exhibición de escrituras— 11 propiedades junto con su padre, el alcalde de Hueyapan de Ocampo.
También ha sido exhibido el diputado morenista, presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni por poseer 31 propiedades; el legislador es muy cercano a la familia Cazarín.
Las propiedades de la exsecretaria
Primero salió a la luz es que la candidata Rocío Nahle vive en una residencia del lujoso fraccionamiento El Dorado de Boca de Río, zona conurbada al puerto de Veracruz.
Se trata de una de las zonas más exclusivas, con accesos a través de un río por donde residentes ingresan con yates e incluso forma parte de la Plaza Comercial El Dorado, donde hay un atracadero de embarcaciones, lo que permite ir de compras en yate.
Al respecto, la candidata ha dicho que la casa no es suya y que sólo la renta, ello en medio de críticas por haber violado el principio del actual gobierno de vivir en austeridad.
Esto lo dio a conocer el empresario Arturo Castagné, quien posteriormente reveló las escrituras de la residencia, la cual está a nombre de la sobrina de la candidata, Maribel Hoyos Peña, quien adquirió la propiedad en casi 5 millones de pesos de contado, pese a que la vivienda tiene un costo comercial de 45 millones de pesos.
“Maribel es una joven de 35 años a la que están involucrando en un hecho muy grave de corrupción: @rocionahle debiera actuar con honestidad y reconocer que la mansión es suya y de esa manera liberar de un riesgo penal a su sobrina, prima hermana de sus hijas”, acusó en su momento Castagné.
Luego se difundió la escritura del terreno número 15 de la manzana 8 en el mismo fraccionamiento El Dorado, cuyo propietario es José Luis Peña Peña, esposo de la ex diputada y exsenadora. Se señala que la propiedad fue adquirida en 2 millones 100 mil pesos.
Arturo Castagné también presentó documentos para avalar que 31 de enero de 2019, a sólo dos meses de haber tomado posesión como secretaria de Energía, Nahle compró un lote y una residencia en el exclusivo fraccionamiento El Country, de Villahermosa, Tabasco.
“La señora @rocionahle declaró haber pagado $2 millones de pesos de contado por dicha propiedad, misma que cuenta con 457 mts cuadrados de terreno y 314 mts cuadrados de construcción, evidentemente es una ‘MENTIRA’”, denunció el empresario en redes sociales.
Agregó que una casa, con el mismo número de metros cuadrados y de construcción, tiene un valor de más de 12 millones de pesos, de acuerdo con los avisos de ocasión en en esta zona de Tabasco.
EL UNIVERSAL tuvo conocimiento que la casa de la candidata Nahle en el fraccionamiento El Country está en venta y se pide por ella 10 millones de pesos.
Una de las revelaciones que más impacto tuvo, fue la presunta adquisición de un departamento ubicado en “Valle Oriente” en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León a nombre de José Luis Peña Peña, cuyo valor comercial es superior a los 28 millones de pesos.
Recientemente, Castagne aseguró que la familia Nahle Peña “tiene a su disposición” un departamento en el Upper West Side de Nueva York, muy cerca de Central Park.
“Propio o rentado son cantidades superiores a lo que la señora @rocionahle con su sueldo y su esposo José Luis Peña Peña con su pensión pueden pagar”, afirmó.
Sin asegurar que es propiedad de la exfuncionaria, detalló que el departamento se encuentra ubicado en la calle Columbus #304, a 100 metros del famoso Central Park.
Sobre este último, la candidata ha insistido en que no tiene bienes en el extranjero.
Las inconsistencias
En su declaración patrimonial de 2019, la exsecretaria dijo ser propietaria de dos casas, una de ellas ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, que le fue heredada por su madre.
En 2020 agregó un terreno adquirido en 2019, y en 2023 declaró también una casa pagada al contado.
Salvo la casa de Coatzacoalcos, el resto de las propiedades declaradas no corresponde a lo que se ha dado a conocer.
“No hay manera de que haya amasado tal volumen patrimonial, como secretaria de Estado nada más. Imposible, aun cuando hubiese ahorrado todo el tiempo de sueldo como secretaria y, ojo, hasta en términos brutos. Ni así le alcanza para ese tamaño de propiedades, para los valores”, expuso en entrevista con EL UNIVERSAL Miguel Manrique, maestro en Políticas Anticorrupción por el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Refirió que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla la evolución patrimonial de los servidores públicos, y la Secretaría de la Función Pública debería investigar a la extitular de la Secretaría de Energía.
“No hay manera de que al cabo de seis años, o cinco años, o lo que duró en el cargo, puedas amasar esa cantidad de bienes. Eso debería encender las alertas rojas para la Secretaría de la Función Pública y, en consecuencia, iniciar investigaciones sobre la evolución patrimonial”, dijo.
Añadió que la SFP también tiene la obligación de hacer revisiones aleatorias al patrimonio de los servidores públicos, de manera individual, y debería abrir una investigación de oficio ante las denuncias públicas de este caso.
“Un argumento que ha sacado la candidata a gobernadora es que no son de ella, pero eso no quiere decir que no sea la beneficiaria final de este patrimonio. ¿Y por qué uso el término de beneficiaria final? Porque es un término que se maneja constantemente en temas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que se conoce como lavado de dinero, coloquialmente”, expuso el especialista.
Añadió que Rocío Nahle, Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizan la austeridad como propaganda, pero en los hechos no la aplican. “Es una incongruencia total para una persona que apela a la austeridad y a primero los pobres, y con eso se llenan la boca, y tener no sé cuántas mansiones”.
Exhiben a operador electoral
En medio de la campaña, surgieron revelaciones de uno de sus principales operadores, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín y de su aliado el morenista Rafael Fararoni.
En la cuenta de X @MorenaCorruptaV, fueron presentadas copias de escrituras de 11 propiedades a nombre de Cazarín y su padre, Juan Gómez Martínez, alcalde de Hueyapan de Ocampo, a quienes cuestionaron por la pretendida austeridad del movimiento de la Cuarta Transformación. En los mensajes no se especificó en qué periodo fueron adquiridas las propiedades.
En años pasados, ya se había expuesto la red familiar: Alejandro Gómez Cazarín, hermano de Juan Javier y quien recientemente falleció, era diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Administración en Congreso de Campeche; el padre del diputado, Juan Gómez Martínez, alcalde del ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo; Luis Alberto Gómez Cazarín, hermano del legislador, pasó de ser un profesor de asignatura clase “B”, a director de Plantel del Colegio de Veracruz en el municipio de Jáltipan.
Juan Pablo Cazarín Nieves, primo del diputado, se encontraba en la nómina del Congreso estatal hasta que fue detenido por hacer desmanes y portar arma de fuego en el sur de Veracruz. En la nómina de distintas dependencias y del propio Congreso del Estado, aparecen personajes con apellidos Cazarín y Gómez: Emilenis Gómez Vázquez, Rubén Márquez Gómez y Leticia Cazarín Marcial, entre otros.
La misma cuenta de X documentó con escrituras que el diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni, gente cercana a Gómez Cazarín , cuenta con 37 propiedades, aunque tampoco especificaron los años en que éstas fueron adquiridas.
Fotos: Latinus y El Universal
