CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso revocar el nombramiento del panista José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León, después de que el emecista Samuel García solicitara licencia para contender por la candidatura presidencial.
El proyecto de resolución, difundido en la página web del TEPJF, ordena al Congreso del Estado de Nuevo León que realice el nombramiento de la gubernatura interina en condiciones de estabilidad para el correcto funcionamiento del gobierno de la entidad.
Salinas Garza, expresidente del Tribunal Superior del estado, fue nombrado gobernador interino por la mayoría del PRI y PAN en el Congreso local. García pretendía que fuera designado su secretario de Gobierno, Javier Navarro Velasco.
La licencia del político de Movimiento Ciudadano fue aprobada a partir del 2 de diciembre, aunque el gobernador ya anunció que se registrará el próximo día 12 de noviembre, lo que provocó un nuevo amago del Congreso local en el sentido de convocar a nuevas elecciones de gobernador.
El proyecto de la magistrada Otálora señala que Salinas Garza resulta inelegible, ya que la Constitución local establece que no podrá ocupar el cargo de gobernador ninguno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Sin embargo, también señala que Samuel García no puede nombrar al secretario de gobierno, ya que esta facultad sólo opera cuando la ausencia temporal del gobernador es menor a treinta días naturales.
En este contexto, la sentencia tendría los siguientes efectos:
- 1. Se revoca la designación de José Arturo Salinas Garza como gobernador interino de Nuevo León debido a su inelegibilidad.
- 2. Se revoca la admisión y suspensión dictadas en la controversia de inconstitucionalidad local 21/2023 debido a la falta de competencia de la autoridad responsable, por tratarse de una cuestión de índole electoral.
- 3. Se ordena al Congreso del Estado que realice el nombramiento de la gubernatura interina, conforme a lo establecido en los artículos 118 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. Para lo cual deberá procurar generar condiciones de estabilidad para el correcto funcionamiento del gobierno de la entidad, por lo que deberá generar los consensos necesarios al interior del Congreso, así como realizar una adecuada valoración, en plena libertad soberana, de la propuesta formulada por el gobernador constitucional.
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