Amnistía Internacional y el CPJ evaluaron la eficacia del mecanismo creado en el gobierno de Felipe Calderón para salvaguardar la integridad de los comunicadores. En su reporte señalan deficiencias y formulan recomendaciones a las instancias involucradas.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En los últimos siete años han sido asesinados ocho comunicadores que estaban inscritos en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México.
Esta cifra, de acuerdo con Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), subraya la necesidad urgente de fortalecer y reformar las políticas federales que buscan garantizar la seguridad de quienes ejercen la profesión informativa.
“Nadie garantiza mi seguridad” se titula el amplio informe dado a conocer este miércoles por ambas organizaciones, en el que presentan un análisis de las deficiencias existentes en el mecanismo creado en 2012 tras la firma por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De su trabajo se desprenden una serie de recomendaciones dirigidas no solo al Mecanismo, sino también a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Gobernación, al Congreso de la Unión y al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lento, burocrático y carente de empatía”
Un comunicado publicado en la página web de Amnistía Internacional explica que el informe “Nadie garantiza mi seguridad” analiza el mecanismo federal que busca proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que están en una situación de riesgo extremo de amenazas y ataques en el país a causa de su trabajo.
“El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias”, dice Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México.
“Después de cinco años de incesante derramamiento de sangre y de impunidad corrosiva, ha llegado la hora de que el Estado mexicano actúe y demuestre que por fin está dispuesto a tomarse en serio sus obligaciones en materia de libertad de prensa”.
Se recuerda que México es el país más peligroso del hemisferio occidental para periodistas. Desde que comenzó el siglo actual, al menos 141 periodistas y otro personal de medios de comunicación han sido asesinados, según el CPJ; al menos 61 de estos asesinatos estaban directamente relacionados con su trabajo. La impunidad, subraya el comunicado, es la norma en los crímenes contra la prensa.
El CPJ también subraya que México es el país del mundo con el número más alto de periodistas desaparecidos, pero ningún caso ha dado lugar a una sentencia condenatoria.
Además de los asesinatos y las desapariciones, en México los y las periodistas hacen frente a constantes amenazas, hostigamiento y abusos físicos y psicológicos, tanto por parte de funcionarios públicos como de miembros de grupos de delincuencia organizada, exponen las organizaciones.
Amnistía Internacional y el CPJ aseguran que en los últimos 18 meses examinaron el Mecanismo mediante documentos obtenidos a través de solicitudes al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como investigación sobre el terreno en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala. Asimismo, sometieron un cuestionario a la atención de 28 periodistas inscritos en el Mecanismo.
En la práctica, señalan, aunque el Mecanismo ha proporcionado una protección muy necesaria a periodistas en algunos casos, no protege de forma adecuada en muchos otros.
“En noviembre de 2023 había 651 periodistas inscritos en el Mecanismo: 469 hombres y 182 mujeres. Sin embargo, el número de solicitudes de protección rechazadas por el Mecanismo ha aumentado notablemente en los últimos años, pasando de una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los primeros 11 meses de 2023”, menciona el comunicado.
Casi todos los y las periodistas con los que hablaron Amnistía Internacional y el CPJ dijeron que habían seguido sufriendo incidentes de seguridad tras inscribirse en el Mecanismo, y en muchos casos calificaron la respuesta del organismo como lenta, burocrática y carente de empatía. Muchas mujeres periodistas también expresaron que el personal del Mecanismo minimiza los riesgos a los que se enfrentan y no tienen en cuenta su género.
Amnistía Internacional y el CPJ detallan tres casos de periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo: Gustavo Sánchez Cabrera, Rubén Pat Cauich y Alberto Amaro Jordán. Los dos primeros fueron asesinados cuando estaban bajo la protección del Mecanismo. El tercero, que había pedido al Mecanismo que no le retirara las medidas de protección, tras considerar la institución que ya no eran necesarias, “ofrece información sobre las dificultades de los y las periodistas con la burocracia, la ausencia de una evaluación adecuada de los riesgos por parte del Mecanismo y la alarmante falta de interés de los funcionarios públicos en tomarse en serio las amenazas contra periodistas”.
Asesinatos de periodistas podrían haberse evitado si las autoridades hubieran tomado medidas con más rapidez y determinación para protegerlos, destacan ambas organizaciones.
Las recomendaciones
En la parte final de su informe, Amnistía y el CPJ formulan varias recomendaciones a las autoridades mexicanas.
Para el Mecanismo:
- Elaborar e implementar nuevos protocolos de comunicación para garantizar que el personal del Mecanismo presta atención sin demora y emocionalmente sensible a los/las periodistas en situación de riesgo.
- Efectuar una revisión exhaustiva de la relación del Mecanismo con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y las fiscalías generales de los estados.
- Trabajar para garantizar que el Mecanismo tiene un conocimiento mucho más amplio de la dinámica regional que pueda entrañar riesgos para los/las periodistas.
- Efectuar una revisión exhaustiva del uso de los botones de pánico.
- Crear un programa integral que garantice el acceso sin demora a apoyo psicológico para periodistas inscritos en el Mecanismo y sus familias.
- Efectuar una revisión exhaustiva del desempeño del Mecanismo desde una perspectiva de género.
Para la FGR y la FEADLE
- Participar activamente en el proceso de evaluación de las medidas de protección para las personas beneficiarias del Mecanismo.
- Efectuar con prontitud investigaciones exhaustivas y efectivas sobre los casos de ataques contra periodistas en virtud de la jurisdicción federal, tal como se estipula en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para identificar y poner a disposición de la justicia no sólo a los responsables de llevar a cabo los ataques, sino también a los responsables de ordenarlos.
Para Gobernación
- Garantizar que el Mecanismo recibe suficientes recursos económicos y humanos para que pueda desarrollar sus actividades de forma efectiva.
- Garantizar la participación de los/las periodistas en sus propios planes de reubicación y considerar opciones en zonas seguras en las que esas personas experimenten menos choque cultural.
- Efectuar una revisión exhaustiva del proceso de licitación que dio lugar a recurrir a un contratista privado para proporcionar medidas de protección a los/las periodistas inscritos.
Para el Congreso
- Considerar la posibilidad de reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de ámbito federal con el fin de ampliar las funciones, el alcance, la autonomía y la autoridad del Mecanismo.
Para el Presidente
- Garantizar la continuidad del Mecanismo y asegurarse de que recibe suficientes recursos económicos y humanos para implementar todas las recomendaciones anteriores.
- Reconocer públicamente la importancia de mantener a salvo a los/las periodistas y abstenerse de usar lenguaje estigmatizador o deslegitimador contra periodistas.
- Condenar públicamente las agresiones contra periodistas.
