Por: Isaac Martínez Pérez.
La reciente actividad de funcionarios del Congreso del Estado de Veracruz, cercanos al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, ha dejado al descubierto una hipocresía lacerante. Quienes alguna vez se proclamaron como la alternativa honesta y diferente al PRI y PAN, hoy emulan, y en muchos casos superan, las prácticas corruptas que tanto criticaron.
El caso de Maralieny Coli García, Tomás Gayoso Morales y Valente Uriel Santiago Martínez, directores de Asistencia Legislativa, Registro Documental Legislativo y Transparencia, respectivamente, es paradigmático. Su activa participación en las campañas de MORENA en municipios como Jáltipan y Cosoleacaque, sin haber renunciado a sus cargos públicos, constituye un delito electoral flagrante. Utilizan recursos públicos –vehículos oficiales y salarios– para fines partidistas, un desvío inaceptable que socava la confianza ciudadana.
Esta situación no es un hecho aislado. El aparente uso de «carreta de dinero» por parte de Bautista Hernández para comprar voluntades, revela una desesperación palpable ante la posibilidad de un rotundo fracaso electoral. Su ambición personal, evidente en su apoyo al candidato de MORENA en Tatahuicapan, Rolando Bautista Ramírez, a pesar de la mala imagen del mismo, opaca cualquier discurso de transformación.
La narrativa del «cambio» se desmorona ante la evidencia de prácticas corruptas que superan, en magnitud y descaro, a las de administraciones pasadas. La ciudadanía, cansada de la doble moral y el cinismo, se encuentra ante un dilema: ¿votar por un partido que prometió transparencia y honestidad, pero que actúa con opacidad y corrupción? El hartazgo es palpable, y el temor de MORENA a una derrota electoral el 1° de junio es comprensible.
La situación en Cosoleacaque es particularmente significativa. La probable victoria del PRI, con Cirilo Vázquez Parissi como candidato, representa un duro golpe para la gobernadora Rocío Nahle y su partido. Este resultado podría ser un presagio de lo que se avecina en otras regiones del estado.
En conclusión, la actuación de estos funcionarios es una bofetada a la confianza ciudadana. La falta de transparencia, el uso indebido de recursos públicos y la participación activa en campañas políticas sin renunciar a sus cargos, son actos que deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley. La máscara de la «diferencia» se ha caído, revelando una realidad preocupante: la corrupción no tiene partido. El 1° de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar su hartazgo en las urnas.
