Por: Jorge Tolentino García.
Coatzacoalcos, Veracruz.– La directora del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO), Lorena Martínez, anunció la interposición de una denuncia penal contra tres exfuncionarios de la institución por un presunto desfalco de 57 millones de pesos durante la administración del exdirector Bulmaro Salazar.
Martínez declaró que se detectaron «ejercicios indebidos» durante la gestión de Salazar, los cuales ascienden a la significativa cifra de 57 millones de pesos. La denuncia, que se presentará ante las autoridades correspondientes, será respaldada tanto por la actual directiva del ITESCO como por la Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).
La investigación, según la directora, ha revelado irregularidades financieras que requieren una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados y el destino de los fondos desviados. Se espera que la ORFIS colabore estrechamente con la institución para esclarecer los hechos y recuperar los recursos perdidos.
Este caso ha generado una gran conmoción en la comunidad estudiantil y académica del ITESCO, generando incertidumbre sobre el futuro financiero de la institución. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para la confianza pública, y este evento pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en las instituciones públicas.
La designación de Lorena Martínez como directora del ITESCO por parte de la gobernadora Rocío Nahle García ha sido vista por algunos como una respuesta oportuna a la necesidad de restaurar la integridad financiera de la institución. La pronta acción en la presentación de la denuncia refuerza esta percepción.
El caso también sirve como un recordatorio de la importancia de la aplicación de los principios de la Cuarta Transformación: NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRACIONAR; enfatizando la necesidad de honestidad, transparencia y rendición de cuentas en el servicio público. Se espera que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para llevar a los responsables ante la justicia y recuperar los fondos malversados. La investigación y el proceso legal que se avecina serán seguidos de cerca por la comunidad de Coatzacoalcos y el estado de Veracruz.
